Mauricio Alberto Balarezo-Noboa, Héctor Silvio Cumbal-Flores, Gladys Umbelina Vaca-Sandoval y María Yolanda
Villamarín-Granja
ISSN 2477-9024. Innova Research Journal (Mayo-Agosto, 2022). Vol. N7, No. 2, pp. 146-162
En América Latina, las pequeñas empresas han crecido significativamente
convirtiéndose en un gran aporte para la economía global, generan empleo de forma directa e
indirecta, son parte del sustento de muchos hogares, además de participar activamente en la
importación y exportación, la contribución a los ingresos fiscales y el producto interno bruto
(
PIB). Es así como estas empresas son objeto de estudio para comprender con más precisión el
ámbito en el que se desenvuelven y los problemas que enfrentan, por ello, Mulder y Pellandra
2017) mencionan que tienen dificultades de acceso al financiamiento, carecen de habilidades de
(
gestión, escasez de tecnología e innovación, mano de obra mal capacitada, falta de información
sobre oportunidades de mercado y producción a pequeña escala.
Las MiPymes tienen un rol preponderante para alcanzar un sistema económico
competitivo, son una alternativa para la reducción de la pobreza, benefician a los sectores de
bajas condiciones económicas, estas empresas son capaces de elevar su capacidad de producción
con la incorporación de tecnología, abriendo la oportunidad de incursionar en nuevos proyectos,
sin embargo, atraviesan por dificultades en lo que se refiere a fuentes de financiamiento (Gómez
et al., 2022).
El contexto en el que opera la pequeña empresa en términos de una relativa normalidad
está lleno de incertidumbre y desconfianza por parte de los entes reguladores, instituciones
financieras y del propio Estado, en tiempos de crisis como la pandemia del COVID-19 se deja al
descubierto la poca capacidad de respuesta de este sector para sostenerse con las operaciones
disminuidas, más aún cuando los gobiernos determinan medidas restrictivas sin considerar el
desalentador escenario en el que tienen que competir las pequeñas empresas, seguramente los
deseos de mantenerse en el mercado con ventas promedio o los planes de incursión en el
comercio exterior se vieron frustrados.
A finales de 2020 la pandemia tuvo un gran impacto en el mundo empresarial, la baja
productividad laboral y la especialización en el sector del comercio son algunos de los factores
que influyeron en la región para el cierre de 2,7 millones de empresas, equivalente al 19% de
todas las firmas, en el caso de las pequeñas empresas este porcentaje podría llegar al 7,1% y los
puestos de trabajo disminuirán al 7,3% en empleo formal (CEPAL, 2020).
La crisis económica generada por el COVID-19 fue muy rápida que generó
vulnerabilidad e inestabilidad en las Pymes, así expresan Laporte et al. (2020), un escenario de
sistemas ineficientes de producción o gestión. Además, el cierre total de pequeñas y medianas
empresas puede dar lugar a disputas económicas y sociales, pérdida de puestos de trabajo y
quiebras comerciales a largo plazo.
En el contexto ecuatoriano para el año 2020, el gobierno, con el fin de controlar la
emergencia sanitaria, mediante el decreto ejecutivo No. 1017, estableció un estado de excepción
que aplicó restricciones a la libertad de tránsito y reuniones sociales, impuso un toque de queda,
cerró las fronteras, aeropuertos, instauró el teletrabajo, suspendió las clases y las actividades no
esenciales. Como consecuencia, el Producto Interno Bruto decreció en 12,5% y se incrementó la
tasa de desempleo (Banco Central del Ecuador, 2020, como se citó en Esteves, 2020).
Se debe aprovechar las potencialidades de cada región donde se desenvuelven las
pequeñas empresas, en el caso de la provincia de El Oro, Ecuador, se identifica como principal
potencial a la agroindustria, poniendo de manifiesto el acompañamiento de varias iniciativas
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Revista de la Universidad Internacional del Ecuador. URL: https://www.uide.edu.ec/
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